Guardia Nacional debe conservar mando civil: juez

Al conceder una suspensión definitiva, la jueza novena de Distrito con residencia en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, frenó de manera indefinida la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ordenó regresar su control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Al otorgar la medida cautelar a la organización Uniendo Caminos México, representada por Ángel Castro Gómez, la juzgadora federal explicó que con la suspensión no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, ya que no se obstaculizan las funciones de la GN para llevar a cabo labores de seguridad pública.
“Sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, señaló Macías Lovera, quien consideró que Castro Gómez, representante de la red de organizaciones civiles Uniendo Caminos México, cuenta con un interés legítimo para impugnar el decreto de los legisladores, ya que se trata de un defensor de derechos humanos.
Uno de los argumentos de Castro Gómez para solicitar el amparo es que la incorporación de la Guardia a la Sedena puede tener un efecto inhibidor de libertades como las de expresión y de reunión.
En tanto, la Suprema Corte de Justicia dio entrada a la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra del decreto aprobado por el Congreso que incorpora la GN a la Secretaría de la Defensa.
Los efectos de la suspensión definitiva son para que no se transfiera el control operativo y administrativo de la corporación federal a la Sedena, y los mismos permanezcan a cargo de un mando civil en la SSPC, como lo establece la Constitución.

CORTE DA ENTRADA A
INCONSTITUCIONALIDAD
La acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, en contra de la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue admitida a trámite por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
En su admisión,  el integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indicó que se dio un plazo de 15 días hábiles, que contarán a partir de la notificación, a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que envíen sus respectivos informes y copias certificadas de los antecedentes legislativos de este caso y del Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se publicó el decreto impugnado.

AGENCIAS
CDMX