El Diario de Minatitlán La voz ciudadana que Trasciende
Por simular competir en licitaciones públicas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a nueve empresas proveedoras de servicios de análisis clínicos y bancos de sangre por siete años, y les impulso multas que suman casi mil millones de pesos.
Las empresas sancionadas son Centrum Promotora Internacional, Instrumentos y Equipos Falcon, Impromed, Valtrum, Selecciones Médicas, Servicios de Mínima Invasión, Proyectos en Procesos de Recursos Humanos, DAI Servicios, SERVAD Promo Asistencial.
Además, a cada una de esas compañías, la SFP les impuso multas por 100 millones 243 mil pesos, que suman un total de 902 millones 187 mil pesos.
En un boletín de prensa, la dependencia informó que las sanciones fueron aplicadas entre el 1 y el 25 de agosto de 2022, con base en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vigente al momento de los hechos.
Dicha ley castiga las acciones de simulación y evasión de reglas para obtener ventajas y beneficios en las contrataciones públicas y que afectan la competencia en los procesos de licitación de la Administración Pública Federal (APF).
De acuerdo con las denuncias recibidas entre 2015 y 2021, en las adjudicaciones de ocho servicios integrales en el ISSSTE, estas empresas presuntamente se ponían de acuerdo para beneficiarse entre ellas y acordaban repartirse cada una de las partidas en los procedimientos de contratación relacionados con los servicios de análisis clínicos y banco de sangre, lo cual resultó en una ventaja y beneficio indebido para éstas.
Las sanciones fueron impuestas por el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual notificó a dependencias y entidades de la APF, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, para que se abstengan de aceptar propuestas o celebrar contratos con las compañías.
La SFP advirtió que las conductas sancionadas han provocado afectaciones a la libre participación, transparencia, igualdad y mejores condiciones para el Estado, en particular, para las personas derechohabientes del ISSSTE.
Las empresas sancionadas en esta primera instancia aún pueden imponer los medios de defensa que a su derecho convengan.
AGENCIAS CDMX
