PANORAMA GEOPOLÍTICO
La presencia de agencias de inteligencia estadounidenses en México ha dejado de ser un secreto a voces para consolidarse como una realidad operativa innegable. Desde que se planteó el Escudo de las Américas y la nueva estrategia de seguridad nacional, se estableció que la integración económica no puede existir sin una integración paralela en materia de seguridad. Como he comentado en columnas anteriores, Washington considera que proteger las cadenas de suministro del T-MEC exige presencia operativa en territorio mexicano, lo que genera una tensión permanente con la soberanía nacional.
Lo que ocurrió el 19 de abril en Chihuahua ilustra perfectamente esta tensión y revela un fenómeno creciente: un federalismo de seguridad que se tambalea ante un Ejecutivo Federal desconectado. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó desconocer los motivos por los que había agentes de la CIA operando en el estado, la gobernadora Maru Campos reconoció que el desmantelamiento de un sofisticado narcolaboratorio en la sierra fue producto de una estrecha cooperación con Washington. El accidente que le arrebató la vida a dos agentes estadounidenses ha expuesto una dinámica incómoda: ante la incapacidad del gobierno central, varios estados están asumiendo una diplomacia de seguridad paralela, cooperando directamente con las agencias estadounidenses por pura necesidad operativa.
UN ACCIDENTE INOPORTUNO
El accidente de Chihuahua ocurrió en el peor momento posible para un gobierno que negocia con Washington desde una postura de soberanía absoluta. En el tablero de seguridad nacional estadounidense, México no es solo un socio comercial, sino una pieza estratégica que Estados Unidos no puede dejar expuesta. La paradoja es que, para aprovechar los beneficios del libre comercio, nuestro país ha aceptado tácitamente un nivel de vigilancia que en otra época habría provocado una severa crisis diplomática. Ese es el precio del boleto para la inclusión en las negociaciones del T-MEC.
La inminente revisión del tratado ocurre en el contexto más alarmante de los últimos años y, en consecuencia, la renegociación ha dejado de ser un ejercicio técnico sobre aranceles o normas laborales para convertirse en una auditoría geopolítica. Washington usará esa mesa para asegurarse de que México cumpla con la contención del narcotráfico y la triangulación de tecnología china.
En ese marco, el modelo económico de exportaciones al cual estamos transitando está atado a un alineamiento estricto con las prioridades de seguridad de Estados Unidos. Si nuestro país intenta atraer inversión para nearshoring mientras mantiene su acceso preferencial a Norteamérica, los estadounidenses usarán el tratado como palanca de presión para lograr concesiones en materia de seguridad nacional.
EL GRAN RETO
El mensaje de la exclusión del Ejecutivo Federal tiene implicaciones sumamente negativas y la postura pública de la presidenta no concuerda con la realidad operativa del país. La verdadera pregunta no es si la CIA opera en México, sino qué está dispuesto a hacer el gobierno mexicano ante esta presencia, como ocurrió en Chihuahua, en el estricto marco de la negociación del tratado comercial más importante del mundo.
Por: Luis Roberto Chagra
El Diario de Minatitlán