El Diario de Minatitlán La voz ciudadana que Trasciende
Por todas las implicaciones del delito de abigeato en los ámbitos social, económico, patrimonial y de seguridad alimentaria, el diputado Roberto Francisco San Román Solana propuso, mediante una iniciativa de decreto, actualizar el Código Penal del estado y generar así un marco jurídico acorde con el contexto actual.
En la Decimoctava Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional, el legislador manifestó que el daño ocasionado por el delito de abigeato no se limita a la pérdida de un animal, sino que ésta constituye además daños a la economía del sector ganadero, limitando y mermando la correcta operación de los ranchos y, por ende, la generación de nuevos empleos y el mantenimiento de los existentes.
La afectación abarca también años de trabajo de selección genética, la continuidad de los ciclos de producción y reproducción, la disponibilidad de los productos y la salud pública, pues -explicó- el sacrificio y comercio de los productos se hacen de manera clandestina y en condiciones de insalubridad, además de que quienes cometen el delito de abigeato no distinguen entre animales enfermos y sanos.
Añadió que, por tratarse de una conducta o conjunto de conductas que afecta lo social, lo público y lo patrimonial, requiere que su clasificación normativa se modifique, deje de ser catalogado y percibido como un delito estrictamente patrimonial y se considere como un delito de mayor gravedad, que afecta no sólo el interés privado de los productores, sino también el interés público, al mermar severamente la economía y la seguridad alimentaria del estado.
COMUNICADO
Xalapa
