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Encinas dijo que en operativos durante 48 días no ha habido ‘hallazgos positivos’ sobre 43 de Ayotzinapa y anunció recompensas por datos.

Agencias / CDMX

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que en ocho operativos realizados en 48 días de búsqueda por el caso Ayotzinapa no ha habido «hallazgos positivos» sobre los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

Estos operativos se han concentrado en los municipios guerrerenses de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y Mezcala.

«Debo advertir que no ha habido ningún positivo, ningún hallazgo positivo ni en el segundo vado de Cocula, ni en las casas de seguridad que investigamos en Iguala, ni en el predio de La Parota o en pozos de Iguala, con información que nos proporcionaron desde la ciudad de Amarillo, en el Estado de Texas».

Estos ocho operativos han abarcado 210 puntos de búsqueda, y por ahora están en curso otros, en Huitzuco y Tepecoacuilco.

En total, dijo, junto con personal de la Fiscalía General y el Equipo de Antropología Argentina Forense se han revisado 180 puntos específicos en distintas regiones, incluido el cateo en una casa en la Colonia Juan N. Álvarez de Iguala, en Mezcala y el ejido de Carrizalillo y los que están en proceso en Huitzuco y Tepecoacuilco.

En conferencia en Palacio Nacional, el funcionario de la Secretaría de Gobernación también anunció recompensas de 1.5 millones de pesos para quien dé información fidedigna y verificable sobre el caso.

El Gobierno federal también ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para la localización de Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales involucrados en los hechos que hoy cumplen cinco años de ocurridos.

Respecto a las investigaciones para localizar a los estudiantes desaparecidos, resaltó la creación de un comité científico asesor en la Comisión Presidencial creada para el caso, que se ha dedicado a hacer un trabajo que fue «abandonado».

Alejandro Encimas comentó que se ha dado seguimiento a cuatro dilgencias judiciales contra funcioanrios o gente relacionada con los hechos.

Se hizo un levantamiento, mencionó, de toda la información integrada por las fiscalías especializadas de la entonces PGR y de la Fiscalía estatal.

Se han analizado 184 cuerpos, dijo, de los cuales 44 han sido identificados, pero ninguno corresponde a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

También comentó que del análisis realizado a 80 millones de llamadas que salieron y entraron a los celulares de los jóvenes durante cuatro años, de las cuales 206 mil fueron de interés, se confirma que ninguno de ellos tuvo contacto con grupos delictivos.

Al dar un informe detallado de lo que se ha hecho sobre el caso, Encinas recordó que desde el 13 de diciembre se creó la Comisión Presidencial para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad y su paradero.

También informó que algunos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya se incorporaron desde agosto a los trabajos de investigación y el resto se incorporará en los próximos días.

El subsecretario hizo un recuento de todas las reuniones que han sostenido con funcionarios, ex funcionarios y hasta el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar.

En la más reciente reunión con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se acordó avanzar en un replanteamiento integral de la investigación para subsanar las fallas que tuvo la indagatoria realizada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tras destacar la cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional, refirió que, hasta ahora, todos los requerimientos de infomación que se han presentado a esa dependencia han sido respondidos y forman parte de la investigación de la Fiscalía especializada.

Sobre el tema, Encinas reveló que toda la información del Cisen y de la Policía Federal nunca fue incorporada a la investigación del sexenio anterior.

«Por primera vez estamos teniendo acceso a la información sobre el papel que tuvo la PF y el Cisen en este tema», manifestó.

El subsecretario anunció que la próxima semana empezarán a citar a quienes eran Gobernador, Procurador y Secretario de Seguridad cuando ocurrieron los hechos para rendir declaraciones ministeriales. 

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