Ciudadanos de San Cristóbal denuncian abuso de poder

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La tarde del domingo en redes sociales se dio a conocer el caso de la Familia Ambriz Balcázar, que fue echada de la comunidad al ser sospechosos de Covid-19, y amenazados de muerte al querer entrar a la fuerza a su domicilio.

«Tenemos miedo del agente y de los que están ahí, ellos no tienen corazón de matar a quien sea», comenta una persona a la que le fue negado el acceso a su casa, por ser sospechoso de Covid-19.

Nadie se había atrevido a denunciar públicamente a Eduardo García Iturralde, agente municipal, que junto a un grupo de personas armadas custodian la entrada a la congregación de San Cristóbal. Además cobrar un permiso de 50 pesos por persona, para autorizar la entrada o salida de la congregación.

Los agraviados dieron a conocer que recién llegaron de una comunidad llamada “Piletas” cerca de Xalapa, por una oferta de trabajo.

“Aprovechamos una semana de trabajo para ganar unos pesos”, divido que en la comunidad no hay empleo a causa de la contingencia sanitaria del Covid.

Lo poco que ganaron lo usaron en transporte y en el pago de un cuarto para pasar la noche, porque se les negó la entrada a San Cristóbal.

SE REPITE LA HISTORIA

Hace un mes, un ciudadano de esta congregación vivió una situación similar, fue amedrentado y obligado a pedir una disculpa a Eduardo García, solo así le permitieron el acceso.

Lo sucedido en la congregación de San Cristóbal es una violación del derecho al libre tránsito, basado en el artículo 11 constitucional.

Si bien la reducción de la movilidad de las personas es el objetivo prioritario de 
la Jornada Nacional de Sana Distancia, obligar el resguardo domiciliario mediante el uso de la fuerza pública es una medida lesiva, puede ocasionar abusos de autoridad y no corresponde al objetivo de salvaguardar la salud pública.

Las autoridades municipales no han dado alguna declaración sobre lo que sucede en la zona rural en Minatitlán y los ciudadanos solicitan su intervención.

Mari Carmen Rosas/Minatitlán

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