Ahora, la ley de la selva

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El asunto se complicó a grado extremo. Una impresionante caravana integrada por miles de agricultores chihuahuenses entró a la presa Boquilla y por dos frentes les llegaron a miembros de la Guardia Nacional; les quemaron los camiones, las casas de campaña, sus pertenencias y los obligaron a huir a pie. Los agricultores tomaron el control de la presa. Adicionalmente, una mujer murió y su esposo se encuentra con heridas graves generadas cuando regresaban a su domicilio luego de las protestas en la presa y se responsabiliza de ello a miembros de la Guardia Nacional.

El tema, además, se politizó indebidamente. En el H. Congreso del estado de Chihuahua se afirmó que el gobierno federal “se roba el agua de Chihuahua para llevársela a Estados Unidos” y que se había ofrecido no mover el agua de las presas hasta que no se tuviera un consenso con los agricultores. El problema es que, según reporta la Conagua, después de múltiples reuniones celebradas desde finales del 2019 no se ha logrado cambiar la posición de los agricultores, quienes simplemente no aceptan que se saque el agua de las presas para cumplir con los compromisos, nacionales e internacionales, que se tienen aguas abajo.

Como se ha descrito en esta columna, mientras que México recibe 1,850 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua de Estados Unidos, nosotros tenemos la obligación de entregar un promedio de 431.7 Mm3 anuales. Aquí hay que aclarar que México no “paga” por el agua que recibe, ni “entrega su agua” a Estados Unidos. No es un intercambio, se trata de un reconocimiento que ambos países realizan conforme a criterios de derecho internacional, que regula los derechos y obligaciones de los estados en torno a cuerpos de agua compartidos.

El Tratado Internacional de Aguas de 1944 se basa en estudios técnicos del uso de las aguas por los usuarios de ambos países, en los que no sólo consideraron los consumos del momento, sino incluso la posibilidad de su crecimiento futuro. En el caso del río Conchos (Chihuahua), en los estudios se estimó un consumo en esos años de 843 Mm3 y se tomó la previsión de su crecimiento a 1275 Mm3. Pues bien, el origen de este problema es que el consumo es ahora superior a los 1750 Mm3.

Está claro que, a pesar de que se cuenta con más de 1000 Mm3 almacenados en las presas la Boquilla, Vírgenes y el Granero, y que el riego en Chihuahua ha sido prácticamente cubierto al 100%, México ya no podrá cumplir con los compromisos del Tratado de 1944. No hay forma de mandar de aquí al 24 de octubre los 378 Mm3 que faltan. Además de este incumplimiento internacional, en el ámbito nacional están siendo afectados usuarios de riego del bajo Río Bravo y el abastecimiento de 11 ciudades fronterizas de los estados de Coahuila y Tamaulipas.

Sólo quedará el recurso de una negociación, donde Estados Unidos acepte, fuera de los acuerdos pactados, una excepción del pago del adeudo para un tercer ciclo. El problema que se tiene con la posición que toman los agricultores y los políticos chihuahuenses es que no está claro cómo México podrá cumplir a futuro con sus compromisos en esta materia. Se requiere poner orden con un Plan de Manejo de la Cuenca del Río Bravo que se acuerde y respete por todos. Es importante eludir la negociación de un nuevo tratado que no podría ser igual, ya que la demanda ha crecido en ambos países, así como evitar que, como en estos momentos, lo que predomine sea la ley de la selva.

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Agencias/CDMX

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